Mayo 22, 2008

Los derecho a la comunicación y de acceso a la información, son como dos caras de la misma moneda. Si el Estado controla el derecho a comunicar que tiene la prensa, el derecho de acceso a las fuentes de información que tiene la ciudadanía se ve cercenado, coartado.

La propuesta de mayoría de gobierno establece en uno de sus artículos que “El Estado controlará la emisión de publicidad y programas que induzcan a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el comercio sexual, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y todo cuanto afecte a los derechos fundamentales”.

Si el Presidente de la República, el Presidente de todos los ecuatorianos, llama idiota a un compatriota que le hace una pregunta, todos tenemos derecho a conocer semejante muestra de intemperancia, de soberbia. Pero resulta que según este artículo mencionado, la difusión de esa noticia que constituye el más patético ejemplo de la intolerancia política del actual Presidente de la República, estaría prohibida.
Si esto que Alianza País propone estuviera ya vigente, el pueblo del Ecuador se hubiera visto privado de su derecho a conocer la intolerancia política del Presidente. El Estado liberal, el Estado de libertad ¡NO ADMITE CENSURAS A LA LIBERTAD DE COMUNICACIÓN PRESIDENTE! Las normas constitucionales no pueden ser un instrumento para acallar los excesos y los abusos del gobernante. Por muy todopoderosa que se considere esta asamblea, no puede hacerle el juego a un Presidente que no respeta a sus propios hermanos migrantes.

Estamos sentando las bases para la defunción de la democracia, porque una democracia sin derechos no es democracia. Como decía Montesquieu, “puedo discrepar de lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho de decirlo”. La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe al Congreso a hacer leyes que coarten la libertad de expresión o la libertad de prensa.

Y claro, que todo esto se complementa a la perfección con otra disposición que permite al Estado la supresión de los servicios públicos de comunicación, cuando a su solo juicio, esa supresión se fundamente en razones de interés general.

La comunicación es un derecho. Para los medios y para la ciudadanía, pero la democracia no se construye únicamente sobre los derechos, sino sobre otro tipo de cimientos. Estos son – por ejemplo- el carácter alternativo del gobierno: si un Presidente pretende perennizarse en el ejercicio del cargo, se viola la esencia de la democracia porque se viola el carácter alternativo del gobierno. Si el Congreso sigue eligiendo el presidente de la República, cuando faltan ambos mandatarios, se viola el carácter electivo de gobierno y se afecta la democracia.

La comunicación no es la base de la democracia participativa sino un derecho. Quizás uno de los más importantes y trascendentes. Pero un derecho fundamental del ciudadano. Tampoco es “un proceso de construcción social en constante movimiento”. Si estuviéramos construyendo un tratado de sociología, quizás sería aceptable una afirmación como esta. La nueva Constitución de Alianza País estará llena de enunciados líricos que no sirven en la práctica.